Los desajustes de la economía colaborativa sacuden el transporte y el alojamiento

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Los desajustes de la economía colaborativa sacuden el transporte y el alojamiento

La economía digital sacude a la sociedad. Las empresas se han adueñado de lo que era una promesa de democratización (la ‘economía colaborativa’) y la esencia inicial se desnaturaliza. En el transporte, se acusa a los taxistas de quemar coches de Cabify en Sevilla. En el sector del alojamiento no hay violencia pero hay quejas vecinales por la subida del alquiler por, dicen, las viviendas de uso turístico, a las que grandes ayuntamientos como Madrid y Barcelona van poniendo coto

El tiempo pasa, y la falta de definición caldea más los ánimos, con Uber y Cabify ganando terrenos al hiperregulado sector del taxi. El beligerante sector del taxi está enfurecido. La patronal de los vehículos con trayecto concertado (VTC) culpa a los taxistas de actos vandálicos como la quema de nueve coches de Cabify en Sevilla y de los ataques a coches de Uber en otras ciudades. También coches de car sharing como Car2Go, de la alemana Daimler, fueron atacados en Madrid. Como era esperable, la Federación Española del Taxi, que acusan a los VTC de competencia desleal, se desmarcó de los ataques.

La Ley de Ordenación del Transporte establece que no puede haber más de una licencia VTC por cada 30 taxis. Pero un agujero legal entre 2011 y 2015 que suspendió esa ratio llevó a que se solicitaran más licencias que la Justicia está dando por válidas.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid sistemáticamente rechazó la expedición de las licencia de VTC solicitadas en ese periodo ventana, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Supremo (TS) dieron luz verde a esas concesiones amparándose en que fueron solicitadas durante la vigencia de la Ley Ómnibus que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero promulgó en 2009 y dejaba de lado la tradicional ratio 1:30.

En 2013, ante la proliferación de solicitudes de licencias, ya siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, se dio marcha atrás a la ley socialista para volver a proteger a un colectivo de decenas de miles de personas (hay casi 66.000 licencias de taxi en España) que se arriesgan literalmente a arruinarse, muchos de ellos afrontando créditos solicitados para comprar licencias que rondan los 150.000 euros en el mercado.

Sin embargo, la Ley de Rajoy (de 2013) no puso en negro sobre blanco la restitución de la ratio 1:30 hasta 2015, cuando se reglamentó (Real Decreto 1057/2015).

 En la Comunidad de Madrid hay unas 15.900 licencias de taxis, con lo que con la ratio 1:30 debería haber 530 VTC, cuatro veces menos de lo que hay (más de 2.000). “Y en Madrid es previsible que lleguen a 5.000 a finales de 2017”, dijo a bez.es Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, ya que hay unas 3.000 solicitudes judicializadas que, de liberarse, llevarían la ratio regional taxi-VTC a 3:1. ¿Sería esto el fin del taxi? No necesariamente: en Londres, por ejemplo, las VTC (50.000) doblan en número a los taxis (20.000).

La Administración históricamente ha protegido al taxi, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presiona para liberalizar el sector. Considera que los taxis son un monopolio y que el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) vulnera la unidad de mercado amparada por la Ley 20/2013. Las autorizaciones VTC no tienen coste, más allá de las tasas (unos 36 euros), mientras que se están vendiendo en el mercado por unos 20.000 euros.

Apartamentos turísticos versus hoteles y vecinos

La otra cuestión que está sacudiendo los cimientos de un sector como el alojamiento es las viviendas de uso turístico. Nacieron como una forma de que propietarios puedan obtener dinero extra alquilando sus viviendas. Pero vecinos de barrios céntricos se quejan de que elevan los alquileres y les echan de sus barrios. Propietarios de viviendas de uso turístico sostienen que no son los responsables de la subida de los alquileres, sino los ayuntamientos.

 Yottotel

“Los incrementos de los alquileres responden a la suma de actuaciones públicas sobre el centro de las ciudades, básicamente desde el Ayuntamiento. En Madrid, nos encontramos con una nueva estación de trenes en Sol, un cambio de licencias que han permitido abrir numerosos negocios de franquicias, decenas de nuevos hoteles, nuevos restaurantes y tiendas de clientela masiva, nuevos sistemas de movilidad urbana que permiten acceder al centro”, explica a bez.es Nuria Hernández,  propietaria de viviendas de uso turístico y miembro del colectivo de anfitriones Yottotel.

Además de los vecinos, las viviendas son criticadas por el sector hotelero, que las acusan, al igual que hacen los taxis con las VTC, de competencia desleal.

Ellos se defienden. “Somos un servicio complementario, el hotel tiene otro perfil, el nuestro es más familiar, tener varias habitaciones o cocina hace que lleguen familias que, de otra manera, no vendrían”, señaló a bez.es Patricia Valenzuela, directora de FEVITUR (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos).

Madrid pondrá coto

En el Ayuntamiento de Madrid quieren compensar el impacto de este tipo de viviendas mediante un acuerdo con Airbnb, HomeAway y otras plataformas. Las tres medidas centrales del Ayuntamiento de Madrid serán:

  1. Que la única persona que pueda subir la vivienda a la plataforma sea quien vive en ella, lo que se probaría mediante certificado de empadronamiento, con el objetivo de acabar con los intermediarios y las empresas.
  2. Fijar un plazo máximo temporal, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año, dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Al Ayuntamiento le gusta la cifra de 60 días como tope.
  3. Una tasa para cubrir la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos y transporte.

El plazo que se fija el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo con las plataformas es “relativamente corto” porque la proliferación de viviendas turísticas es alta. Según datos del Ayuntamiento, se ha pasado del 2% de 2013 en todo el sector del alojamiento en Madrid a aproximadamente un 25%.

Las competencias en Turismo son regionales, y el Ayuntamiento solicita a la Comunidad de Madrid que le transfiera las competencias de hecho, como ha hecho Cataluña con Barcelona. “Si la Comunidad no quiere regular o asumir ese compromiso, el Ayuntamiento tiende la mano para regular”, dijo Calvo.

Airbnb se mostró disputa a colaborar con Madrid con una modalidad de alojamiento que el año pasado generó 447 millones de euros.  La Comunidad de Madrid se niega a prohibir o a imponer tasas.

Cataluña y Baleares, también

Cataluña, que ha sufrido un incremento importante de los alquileres, dijo que intentará reducir los precios a través de bonificaciones fiscales y ayudas a los propietarios que fijen precios justos que se referenciarían mediante un índice de precios.

 Palma de Mallorca prohibió el alquiler de pisos turísticos al considerar que eleva los alquileres de las viviendas y expulsa a los habitantes tradicionales

En Palma de Mallorca, ciudad que en los últimos cuatro años elevó un 40% el precio del alquiler, el Ayuntamiento de la alianza PSOE-Podemos-Coalición Més prohibió el alquiler de pisos turísticos al considerar que no fomenta un turismo sostenible, eleva los alquileres de las viviendas y expulsa a los habitantes tradicionales de los barrios afectados.

Habrá inspecciones con multas de hasta 40.000 euros para una actividad que el Gobierno municipal calcula es ilegal en 9 de cada 10 casos de las 3.000 viviendas que se alquilan para turistas. Además, un informe municipal apunta que 15 anfitriones comercializan el 10% viviendas turísticas de la ciudad, mientras que el 60% de los comercializadores alquilan más de dos viviendas. La Comunidad Autónoma balear prepara una ley en la misma sintonía. 

http://www.bez.es/632308322/desajustes-economia-colaborativa-sectores-transporte-alojamiento.html

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